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Xalapa, Ver., 3 de mayo
de 2015.- La Presidenta de la Mesa Directiva de la LXIII Legislatura, diputada
Octavia Ortega Arteaga aseguró que el Congreso de Veracruz aprueba y se ajusta
a las disposiciones para la creación del Sistema Nacional Anticorrupción que
contempla la integración de los tres poderes de gobierno en todos sus niveles
para el combate a los actos de corrupción de servidores públicos.
En entrevista informó que
al arrancar el periodo de sesiones el pasado sábado, 44 de los 50 diputados que
integran el Congreso Local, aprobaron por mayoría la Minuta que envió el Senado
de la República como parte de la reforma constitucional federal que obligará a
diferentes órganos de gobierno a prevenir, detectar y sancionar a quienes
incurran en actos de corrupción incluidos particulares involucrados.
La diputada por el
Distrito I de Pánuco aseguró que la actitud de los diputados es una clara
muestra de la coincidencia de la representación política en el Congreso para
alcanzar niveles de transparencia más altos en el ejercicio de gobierno en todos los niveles.
Ortega Arteaga, dijo que
Veracruz es uno de los primeros estados que aprueba esa minuta y que mantiene
la disposición para armonizar o crear leyes propias que se ajusten a las
reformas federales de combate a la corrupción por parte de quienes ocupan
cargos administrativos o relacionados con el gobierno en sus tres niveles.
“Es algo completo y
perfectible, ya que en esas disposiciones, se obliga a los servidores públicos
a presentar bajo protesta de decir verdad su declaración patrimonial y de intereses,
y contempla la figura de Juicio Político, para sancionar a los servidores
públicos que incurran en actos u omisiones que redunden en prejuicio de los
intereses públicos”, dijo la diputada.
Aseguró que el Congreso
de Veracruz está de acuerdo por mayoría en que se debe actualizar la
legislación en materia de transparencia, rendición de cuentas y sanciones a los
servidores públicos que incurren en actos al margen de la ley que afecte a los
gobernados.
Expuso que ahora, se
faculta al Tribunal Federal de Justicia Administrativa para emitir sus fallos y
sancionar actos de corrupción de servidores públicos y privados, como los casos
de enriquecimiento ilícito. También sancionará a particulares que intervengan
en actos vinculados a faltas administrativas graves, con independencia de otro
tipo de responsabilidades.
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